Memoria Institucional del año 2024 en el que se recoge el trabajo realizado por Cáritas en la Diócesis de Orihuela-Alicante, marcada por dos grandes realidades que atraviesan la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad: la exclusión residencial y la situación administrativa irregular. Ambos factores, estrechamente relacionados, están generando una cronificación de la pobreza y una fractura social cada vez más difícil de revertir.
La acción caritativa de Cáritas Diocesana en 2024 ha estado marcada por una creciente complejidad social y un contexto estructural cada vez más desafiante. En un año en el que la recuperación económica ha dejado fuera a miles de personas en situación administrativa irregular o sin acceso a vivienda, Cáritas ha intensificado su compromiso con quienes viven al margen del sistema, ofreciendo no solo ayuda material, sino acompañamiento, escucha y caminos reales hacia la autonomía. En la presentación de su memoria anual, la institución ha compartido no solo datos y acciones, sino también una llamada a la esperanza, que se hace visible en su nueva campaña institucional.
Durante el año 2024, Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante ha acompañado a 15.721 personas de manera directa, alcanzando a un total de 27.891 personas beneficiarias a través de su red de proyectos, centros, servicios y, especialmente, gracias al trabajo de las 137 Cáritas parroquiales de la diócesis. Este dato, aunque representa un descenso del 9,27% respecto al año anterior, no implica una reducción del impacto ni del esfuerzo realizado. Al contrario: los perfiles de las personas atendidas evidencian un incremento en la gravedad y complejidad de las situaciones de exclusión, que requieren más tiempo, recursos y personal técnico para un acompañamiento integral y sostenido. Esta situación ha conllevado el aumento del 53% de las ayudas económicas prestadas por Cáritas.
El perfil de estas personas refleja una sociedad fracturada, en la que más del 66,74% son de origen extranjero no comunitario, y dentro de este grupo, más de 5.665 personas (el 54%) se encuentran en situación administrativa irregular, lo que supone una de las formas más invisibilizadas y dolorosas de exclusión. Sin posibilidad de acceder legalmente al empleo ni a una vivienda estable, estas personas viven atrapadas en un limbo jurídico y social que bloquea su desarrollo y las somete a una vida sin derechos plenos.
Además, el 66,3% de las personas atendidas fueron mujeres, lo que visibiliza la feminización de la pobreza y la sobrecarga que muchas mujeres soportan como cuidadoras, sostenedoras del hogar o víctimas de violencias estructurales. Por grupos de edad, también destacan las familias con menores, personas jóvenes en busca de oportunidades laborales y mayores en situación de abandono o precariedad.
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