500 mil firmas para 500 mil personas esenciales
Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante se suma a la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras
«Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis» Mt 25, 34-35
Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante se ha sumado al apoyo del texto legislativo presentado por la plataforma «Esenciales» para la realización de un proceso de regularización temporal de las personas migrantes que se encontraban durante la pandemia en España antes del 1 de noviembre de 2021.
La propuesta concreta que recoge la ILP es modificar la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social con la siguiente redacción: “Disposición transitoria primera. Regularización de extranjeros que se encuentren en España. El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”. Es una propuesta sujeta a leyes y coherente con compromisos internacionales.
La regularización no es un hecho excepcional, España ha conocido durante la última etapa democrática seis procesos de regularización. Las dos regularizaciones más importantes, en cuanto al número de personas regularizadas, fueron la realizada en el año 2001 decretada en el Real Decreto 239/2000, y la realizada en el año 2005 decretada en la disposición transitoria tercera de Real Decreto 2393/2004. Además, es un proceso habitual en los países de nuestro entorno como Italia o Portugal.
La propuesta plantea la obtención de un permiso de residencia y trabajo temporal de un año de duración, dirigido a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en alguna de las cinco posibles vías descritas en el articulado de la Iniciativa Legislativa Popular.
No supone en ningún caso el mal llamado “efecto llamada” pues es un proceso que solo afectaría a los inmigrantes en situación irregular que se encuentren en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021.
Postura de la Conferencia Episcopal Española y del Vaticano
A través de su Departamento de Migraciones, la Conferencia Episcopal se expresa y reflexiona en profundidad ante la propuesta de la ILP, aportando valor a los debates y mostrando las bondades, coherencia y compromiso que supone la propuesta:
«Conocemos la situación de tantas personas y familias abocadas a una situación administrativa irregular y lo que ello conlleva; el último Informe Foessa al respecto ha sido contundente. Entendemos que la situación administrativa irregular o la irregularidad sobrevenida en la que se encuentran tantas familias no contribuye ni a su inclusión ni a su desarrollo integral. Por tanto, a la luz de la Enseñanza Social de la Iglesia consideramos que el contenido de la iniciativa en cuestión es justa. Los argumentos presentados pueden complementarse bien con los propuestos tantas veces por la Iglesia en la voz de sus obispos, entidades y, sobre todo, del Papa Francisco cuando aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía” (FT 131). Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso; es una continua y prioritaria demanda de nuestra Iglesia de cara a poder acoger, proteger, promover e integrar dignamente.
Enmarcamos esta iniciativa popular como un ejercicio responsable de gobernanza ciudadana en el marco de un Estado que tiene el derecho de regular los flujos migratorios en un contexto más amplio de co-responsabilidad en la Unión Europea.
Como recordaban nuestros obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021: “tenemos la tarea de ayudar a recrear el modelo de ciudadanía que propicie una cultura de la integración que, además, aprenda a globalizar la responsabilidad de vivir juntos en esta casa común. La salida es incorporar aquello a lo que Fratelli Tutti invita: “una mejor política, política puesta al servicio del verdadero bien común” (FT 154)».
Por su parte, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral emitió el 6 de Junio de 2020 una nota donde se mostraba favorable a la regulación de las personas migrantes:
«Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, el llamamiento en apoyo de la regularización se basa en la convicción de que «El primer compromiso de cada uno hacia el otro y, sobre todo de estas mismas instituciones [políticas y sociales], se debe situar en la promoción del desarrollo integral de la persona» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 131). Este principio no sólo se aplica a los ciudadanos de una determinada comunidad política, sino también a todas las personas que viven en su territorio. Se deben eliminar todos aquellos comportamientos o condiciones que comprometan la realización del desarrollo humano integral de toda persona. La condición de irregularidad constituye una de estas condiciones, a la que se puede poner fácil remedio mediante un acto administrativo».
Recogida de firmas en la Diócesis de Orihuela-Alicante
Cáritas Diocesana ha habilitado dos puntos fijos de recogida de firmas de apoyo a la ILP, uno en Alicante y otro en Elche. De manera temporal o puntual, se irán habilitado otros puntos de recogida de firmas.
Los puntos fijos habilitados son:
Cáritas Diocesana
C/ Granja de Rocamora, 18
Alicante
Cáritas Interparroquial
C/ Cauce, 6
Elche
En el caso de poder acoger puntualmente un dossier de recogida de firmas puedes ponerte en contacto a través del correo movilidadhumana@caritasoa.org para poder concretar la fórmula. Hay que tener en cuenta que para la ILP, de cara a no invalidar ningún dossier de firmas, hay que cumplir unos criterios, es por ello que no se facilitan las hojas.
