Nota de prensa21/11/2020

Organizaciones solicitan la retirada de la Ordenanza de Convivencia Cívica

Las organizaciones también demandan un plan de atención integral para la lucha contra la explotación sexual y la trata en Alicante.

Organizaciones comprometidas en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual solicitan al Ayuntamiento de Alicante la retirada de la Ordenanza de Convivencia Cívica 

Las organizaciones: 

  • ADDA (Associació D´Ajuda a la Dona D´Alacant) 
  • Asti-Alicante/Secretariado Diocesano de Migraciones 
  • Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante 
  • CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 
  • Hijas de la Caridad – Obra Social Sta. Luisa de Marillac 
  • Metges del Món Comunitat Valenciana 
  • Programa Oblatas Alicante 

Asociaciones y entidades comprometidas en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual solicitan al Ayuntamiento de Alicante la retirada de la Ordenanza de Convivencia cívica  y en concreto, el capítulo V sobre la “Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales” y/o alternativas a las medidas que se establecen, como la retirada de la sanción destinada al ofrecimiento de servicios sexuales, mayoritariamente mujeres en situación de vulnerabilidad, explotación sexual o trata, y  que se elabore de un Plan de atención integral para la lucha contra la explotación sexual y la trata en nuestro municipio.

Entre otras razones alegan:  

  • Que junto a la prostitución denominada “voluntaria”, un índice elevado de prostitución es trata con fines de explotación sexual, y mucha otra que no se tipifica como tal, se consideraría explotación sexual. No podemos obviar que la trata y la explotación sexual, es el método actual de abastecer de mercancía al sistema prostitucional. Es por lo que no se puede separar un fenómeno social del otro.  
  • Contribuye a criminalizar revictimizar a las mujeres porque las retrata como maleantes provocando, a su vez, que la sociedad las estigmatice sin motivo. Se trata, pues de un ejercicio de violencia institucional y machista, porque supone la sanción al eslabón más débil de la cadena, del que menos recursos económicos dispone y el que tiene menos posibilidades de lograr la reinserción sociolaboral.   
  • No se establecen medidas alternativas de intervención social y recursos para las mujeres que se encuentran en las situaciones descritas. El enfoque de derechos humanos y la atención integral a las mujeres en situación de prostitución, por ser un fenómeno complejo, sólo podrá abordarse con éxito desde el ámbito municipal, si se abordan acciones a través de planes específicos e integrales que regulen de forma coordinada todas las acciones diversas que es necesario realizar para conseguir el objetivo último que es acabar con la explotación del cuerpo de las mujeres y niñas, luchando contra la normalización de la tolerancia de la prostitución, no pudiendo obviar ninguna de las acciones que son consideradas clave (acciones de sensibilización, de formación, de educación, de atención a víctimas, persecución del delito, etc.) Con lo que sin un plan específico municipal y bien coordinado sobre esta especial violencia de género, no es posible obtener resultados satisfactorios.