En un intervalo de apenas seis meses y ante la nueva convocatoria de elecciones legislativas para el próximo 10 de noviembre, Cáritas recuerda la necesidad de poner en marcha, sin nuevas demoras, una batería de políticas públicas urgentes, cuya aprobación se ha visto obstaculizada por la situación de parálisis política y que son imprescindibles para atajar la situación de vulnerabilidad de esos 1,8 millones de personas a los que el VIII Informe FOESSA denomina la “sociedad expulsada”.

Para afrontar esta realidad, Cáritas recuerda la urgencia de articular una serie de políticas públicas improrrogables. Este es el objetivo del documento en el que, bajo el título “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019”, Cáritas desarrolla un total de 8 medidas concretas, que se presentaron en su día a los distintos grupos parlamentarios con motivo de la convocatoria electoral del 28 de abril y que mantienen toda su vigencia ante la nueva cita con las urnas del 10 de noviembre.

Cáritas ha preparado estas Propuestas desde su propia experiencia de trabajo con las personas en situación de mayor dificultad social. “Desde nuestra presencia diaria en las fronteras de la exclusión–se explica en la introducción del documento—, proponemos algunas ideas, tan urgentes como factibles y constructivas, para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de los más vulnerables”.

Estas son, en síntesis, las 8 Propuestas que Cáritas presenta ante la convocatoria electoral del próximo 10 de noviembre:

1. Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del Protocolo adicional de 1995. Cáritas propone que el Reino de España ratifique la Carta Social Europea revisada y su Protocolo de 1995 de reclamaciones colectivas, con objeto de hacer posible que los derechos contemplados en ella –entre otros, la protección frente a la pobreza– sean una realidad para todas las personas en todo el territorio del Estado.

2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza. Cáritas propone un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal para que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo como medida imprescindible frente a la pobreza.

3. Acceso al derecho humano a la vivienda. Cáritas propone la adopción de políticas públicas que hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo.

4. Inclusión plena del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Cáritas propone realizar los cambios legislativos necesarios para que las personas empleadas en este sector alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garantizada una protección social completa, tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.

5. Garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados y su tránsito a la vida adulta. Cáritas propone modificar la legislación de extranjería con respecto a los menores extranjeros no acompañados de acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia para garantizar no sólo su protección sino su tránsito a la vida adulta.

6. Garantizar los derechos humanos también en los procedimientos de expulsión. Cáritas pide la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria que se realizan sin ningún tipo de garantía.

7. Luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la energía. Cáritas propone la adopción de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como medidas activas para garantizar el derecho a una energía limpia para todas las personas.

8. Fortalecer la política de desarrollo y cooperación internacional. Cáritas demanda una política de desarrollo regida por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, que cuente con más recursos y de más calidad, y que fortalezca el rol de la sociedad civil.