Ante el último salto a la valla de Melilla de cientos de inmigrantes, con una persona muerta y un nuevo sueño truncado que debería haberse evitado, la red Migrantes con Derechos quiere, en primer lugar, expresar su dolor e impotencia por esta nueva pérdida de una vida humana en nuestras fronteras. Las vallas siguen siendo signo de violación de derechos, sinónimos de tragedia y frustración, los muros donde se estrella la incapacidad de nuestra sociedad para transformar el drama de las migraciones en una oportunidad para la acogida, el encuentro y la hospitalidad.

En segundo lugar y ante a las noticias que señalan la devolución inmediata en las últimas horas de al menos medio centenar estas personas a Marruecos, las entidades de la Iglesia que participamos en la red Migrantes con Derechos—y que está presente en la Diócesis de Málaga a través de la Delegación de Migraciones en Málaga y Melilla, del Servicio Jesuita a Migrantes, de las Hermanas Apostólicas-Santo Ángel y de Cáritas Málaga— insistimos en que se cumplan, también en este caso, las garantías de cualquier procedimiento de devolución:

• La identificación de cada persona, estableciendo los mecanismos necesarios para detectar la presencia de menores entre las personas recién llegadas.

• La verificación de sus circunstancias personales, como causas de vulnerabilidad, estado de salud, etc.

• La información, en un idioma que sea entendido por las personas recién llegadas, tanto sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar protección internacional, como sobre el eventual procedimiento de devolución y los recursos disponibles contra la misma.

Volvemos a recordar que estas garantías básicas requieren tiempo y recursos, pues exigen proporcionar intérpretes, asistencia letrada (con tiempo suficiente para atender y entender la situación de cada una de las personas) y vías efectivas de recurso contra la decisión de devolverlas.

Alertamos, además, de que la devolución de estas personas a Marruecos con la premura que parece confirmarse violaría el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como se ha señalado por parte del Comisario de Derechos Humanos al Comité de Prevención de la Tortura.

La rapidez no es siempre síntoma de eficacia cuando lo que está en juego son las vidas y el futuro de personas que traen consigo, en la mayoría de los casos, la traumática experiencia de un largo tránsito migratorio. Las garantías jurídicas son también una exigencia de una sociedad democrática e inclusiva a las que no podemos renunciar y que urge fortalecer especialmente en un momento donde se escuchan voces que pretender situar a los seres humanos más vulnerables fuera de la legalidad.