Con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, las personas, movimientos y organizaciones que impulsamos Pobreza Cero hacemos un llamamiento a la sociedad para que se movilice hasta lograr medidas concretas y efectivas contra la pobreza y la desigualdad.

El problema y sus efectos

En los últimos años se ha registrado un crecimiento económico sin precedentes. Crecimiento que ha estado acompañado también por un incremento sin límites del consumo. Esto ha pretendido venderse como una muestra de progreso, sin embargo, ha supuesto un empeoramiento de la calidad de vida y un grave retroceso en materia de derechos humanos. Prueba de ello es la desigualdad, tanto entre países como al interior de los países. Esta desigualdad es muestra de una economía enferma. Hoy las 8 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Mientras la FAO acaba de anunciar que el hambre en el mundo crece por primera vez en 14 años y afecta a 815 millones de personas. El Estado español no es ajeno a esta realidad, donde la concentración de renta ha sido un proceso constante durante la crisis, a la vez que se ha incrementado el número de personas que viven en riesgo de pobreza y de exclusión social, se reducen los salarios y se incrementa el coste de vida. Estas cifras son escandalosas y obscenas, de la misma forma que la existencia de 12 billones de dólares en paraísos fiscales de todo el mundo. El enriquecimiento económico desmedido de unas pocas personas a costa del empobrecimiento de millones de personas es intolerable, inmoral, inhumano, indigno… es una desigualdad obscena. El desarrollo sostenible en el planeta está seriamente amenazado porque una quinta parte de la población mundial consume y contamina irresponsablemente, con la consecuente sobreexplotación de los recursos naturales. Las personas más vulnerables dependen de la salud de sus ecosistemas y hábitats. El 70% de quienes sufren la pobreza extrema en países en desarrollo viven en áreas rurales, y precisamente éstas son las más sensibles a los impactos del modelo de producción extractivo y de alimentos y al cambio climático. Esta vulnerabilidad es especialmente acusada en el caso de las mujeres. También ha aumentado el drama de las migraciones forzosas, con 60 millones de personas involucradas, de las que se calcula que 20 millones están vinculadas a causas asociadas al cambio climático, y el resto que han huido de sus países al sufrir persecución por motivos de raza, género u orientación sexual, religión, nacionalidad, opiniones políticas, hambrunas, guerras, o por otras razones sociales, políticas o económicas.

Atacar las causas para erradicar el problema

La desigualdad es tanto causa como consecuencia del incumplimiento de los derechos humanos. La desigualdad en la distribución de la riqueza afecta las formas en las que las personas tienen acceso a la educación, la sanidad, empleos, seguridad social, y otras políticas públicas sociales. Además, produce desigualdad en el acceso y la distribución del poder, socavando así los esfuerzos por tener democracias reales. No nos basta con pensar en el crecimiento económico como el único criterio válido para medir el progreso. Es necesario repensar el modelo de desarrollo – desde un enfoque de coherencia de políticas – pues el actual sólo beneficia a un grupo muy reducido de personas y empresas, perpetuando desequilibrios dramáticos para gran parte de la población mundial y alcanzando cotas de insostenibilidad que amenazan la vida en el planeta. El ciclo de pobreza, depredación de recursos, cambio climático, vulnerabilidad e inestabilidad nos coloca en un contexto de urgencia a la hora de repensar nuestro modelo sociedad en el largo plazo. Aunque también nos obliga a adoptar medidas inmediatas que se materialicen en las prioridades políticas de los gobiernos y, en particular, los presupuestos que les destinan. Como ciudadanía, tenemos una serie de propuestas realizables para la erradicación de las causas de la pobreza y de la desigualdad. También tenemos propuestas que podrían mitigar sus efectos en el corto plazo y caminar hacia la garantía del cumplimiento de los derechos humanos. Se trata de dar respuestas políticas basadas en la justicia social frente a las ineficiencias del sistema.

Compromisos para no dejar a nadie atrás

PROTECCIÓN SOCIAL

Las políticas públicas de protección e inclusión social son una de las formas más efectivas para atajar las desigualdades, frenar el incremento de la pobreza y la exclusión. Nuestra propuesta consiste en reducir la brecha de inversión social existente con respecto al resto de la Unión Europea, hasta alcanzar un mínimo del 30% del PIB, adecuando los planes de estabilidad europea a este criterio.

Proponemos:

• Ampliar las inversiones en Educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia, para reducir el desfase con la media europea.

• Incrementar las inversiones en Sanidad y anular el Real Decreto 16/2012 para restaurar la sanidad universal.

• Recuperar los presupuestos para las políticas para la Igualdad de Género y los planes contra la violencia de género.

• Ampliar las medidas de protección del desempleo y la inserción socio-laboral. • Elevar la Renta Mínima de Inserción, cumpliendo la Ley de Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Garantizada.

• Cumplir la Ley de Dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Los Estados tienen una responsabilidad de cooperar internacionalmente y dar asistencia para compensar las capacidades, recursos e influencia de otros Estados. Tienen además el deber de ayudar a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en otros países que, sea por las razones que fuere, no están en situación de poder garantizarla. Este compromiso ha sido renovado por la comunidad internacional, incluido el Estado español, con la firma en 2015, de la Agenda 2030. La cooperación al desarrollo debe ser genuina, es decir, debe estar orientada a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los bienes públicos globales, y tiene que estar desligada de intereses comerciales, de seguridad y de control de fronteras. Desde 2010 el Estado español, tanto en el gobierno central como en los gobiernos autonómicos, ha dado marcha atrás en este esfuerzo de destinar el 0,7% situándose en los niveles más bajos respecto a los países de la OCDE y en sus mínimos históricos.

Proponemos:

• Recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo en todos los niveles (estatal, autonómico y local) en línea con el compromiso con el 0,7% de la Renta Nacional Bruta, o el PIB en el caso autonómico. La recuperación debe poner el foco en la ayuda humanitaria, la Educación para la Ciudadanía Global, los programas de género, el cumplimiento de la Agenda 2030 y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil. De forma progresiva, la AOD debería alcanzar el 0,4% de la renta en 2020, en el ámbito estatal.

• Aumento significativo de la Ayuda Humanitaria. Ésta debería alcanzar el 10% de la Ayuda al Desarrollo, más aún en el contexto de emergencia para atender las cuatro grandes hambrunas existentes que afectan a 20 millones de personas en el Cuerno de África; Sudán del Sur; Sahel y Yemen y la crisis de desplazamiento global forzoso. Medidas para garantizar la redistribución JUSTICIA FISCAL Las políticas fiscales son la principal herramienta que tienen los Estados para financiarse. Un sistema fiscal progresivo es la herramienta más importante a disposición de los gobiernos para luchar contra la desigualdad. El fraude fiscal y las prácticas fiscales injustas erosionan, por tanto, las políticas públicas sociales, ambientales y, en consecuencia, la calidad democrática de un Estado además de tener consecuencias en la pobreza y la desigualdad. Es necesario que las políticas públicas sociales de protección e inclusión se financien a través de un sistema tributario justo y de medidas redistributivas. El fraude fiscal y la elusión fiscal siguen representando más del 9% del PIB del Estado español. Las grandes fortunas y grandes empresas siguen pagando proporcionalmente muchísimo menos de lo que les corresponde.

Proponemos:

• Aprobar una Ley contra el Fraude Fiscal que apunte hacia la erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contra la evasión de capitales y contra la corrupción.

• Imlpementar inmediatamente el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.